Letitia James encabeza la demanda de 21 estados que busca frenar las restricciones del SNAP impulsadas por la administración Trump
Una coalición de 21 fiscales generales, encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, demandaron este miércoles a la administración Trump por intentar recortar los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para decenas de miles de residentes permanentes legales.
En su presentación judicial, los estados apuntan directamente al Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), al que acusan de reinterpretar la ley de forma más restrictiva de lo aprobado por el Congreso.
Señalan que el memorando emitido el 31 de octubre bajo la llamada “Proyecto de Ley Grande y Hermosa” redefine la elegibilidad del SNAP y deja permanentemente fuera del programa a refugiados, asilados y otros beneficiarios humanitarios incluso después de obtener la residencia permanente, una conclusión que, sotienen, carece de base legal.
“El vergonzoso intento del gobierno federal de privar de alimentos a niños y familias continúa”, declaró la fiscal general James.
También advierten que la agencia pretende aplicar sanciones severas a los estados si no implementan las restricciones de inmediato, pese a que las regulaciones del propio USDA suelen otorgar un periodo de gracia de 120 días.
La demanda llega una semana después de que la coalición solicitara formalmente al USDA retirar y corregir el memorando, petición que, aseguran, no recibió respuesta.
Nueva York, de los estados más afectados
Los fiscales generales argumentan que la directriz no solo contraviene la ley federal, sino que obliga a los estados a rehacer de la noche a la mañana sus sistemas de elegibilidad. A su juicio, esta interpretación podría desestabilizar el funcionamiento del SNAP, generar confusión entre las familias que dependen del programa y exponer a los estados a multas de magnitud extraordinaria.
Nueva York sería uno de los territorios más afectados: según la fiscal James, el estado podría verse obligado a suspender beneficios para hasta 35,000 residentes permanentes legales, además de enfrentar sanciones de hasta $1,200 millones de dólares.
La coalición afirma que ese impacto repercutiría en la red de seguridad social y en la capacidad de respuesta de los programas alimentarios de emergencia.
Junto con James, participan en la demanda los fiscales generales de California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawái, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont, Washington, Wisconsin y el Distrito de Columbia.
