Inmigrante condenado por asesinar a una mujer en Michigan demanda a Trump y exige $75 millones
Brandon Ortiz-Vite demanda a Donald Trump tras acusar que su caso y su fotografía policial fueron utilizados con fines políticos durante la campaña migratoria
Brandon Ortiz-Vite, condenado por el asesinato de Ruby Garcia en 2024, presentó una demanda federal contra el presidente Donald Trump y un funcionario de la Casa Blanca, al alegar que su caso fue utilizado con fines políticos durante el debate migratorio, incluida la difusión de su fotografía policial en anuncios relacionados con la inmigración, lo que, según afirma, le causó daños personales y afectó su reputación.
El hombre, de 27 años, solicitó una compensación de $75 millones de dólares, una disculpa pública y la posibilidad de obtener la ciudadanía estadounidense, mientras cumple una sentencia de entre 39 y 102 años de prisión por la muerte de Garcia.
La demanda fue presentada por Ortiz-Vite sin abogado ante un tribunal federal. En el documento señaló como demandados a Trump y a Steven Cheung, subsecretario de prensa principal de la Casa Blanca.
Un caso criminal convertido en argumento político
El asesinato de Ruby Garcia ocurrió en marzo de 2024 en Grand Rapids, Michigan. La mujer fue encontrada sin vida junto a una carretera con múltiples heridas de bala.
Según los documentos del caso, Garcia y Ortiz-Vite tenían una relación sentimental y se encontraban discutiendo antes del homicidio.
El caso adquirió relevancia nacional durante la campaña presidencial de 2024, cuando Trump visitó Grand Rapids y mencionó el crimen como parte de sus críticas a las políticas migratorias del gobierno de Joe Biden.
Durante ese discurso, Trump presentó a Ortiz-Vite como un ejemplo de los riesgos asociados con la inmigración irregular. Además, medios locales reportaron que la imagen policial del condenado fue utilizada en anuncios políticos relacionados con la seguridad fronteriza.
Ortiz-Vite alega daño emocional y afectación a su reputación
En la denuncia manuscrita, Ortiz-Vite afirmó que la atención pública transformó su identidad en la de un símbolo político y que dejó de ser visto únicamente por su caso judicial.
El condenado aseguró que después de que su historia recibió cobertura nacional enfrentó burlas dentro de la prisión y que otras personas lo identificaban únicamente por su origen y situación migratoria.
“Mi identidad ya no importaba”, escribió Ortiz-Vite en la demanda, donde sostuvo que el uso político de su caso afectó su dignidad y provocó daños a su familia.
También describió la cobertura mediática como una experiencia de ansiedad y desesperación, al afirmar que pasó a ser considerado públicamente como una persona peligrosa antes de que su proceso legal concluyera.
El acusado afirma que asumió responsabilidad por el homicidio
Aunque cuestiona el uso político de su caso, Ortiz-Vite aseguró en la demanda que aceptó las consecuencias de sus actos.
El hombre escribió que se entregó a las autoridades y confesó el asesinato de Garcia, además de afirmar que mantuvo una actitud respetuosa durante el proceso judicial.
Ortiz-Vite fue condenado por homicidio en segundo grado y actualmente cumple una pena que podría extenderse hasta 102 años de prisión.
Expertos legales ven pocas posibilidades de éxito en la demanda
El abogado penalista y exfiscal federal Matthew Borgula consideró que la demanda enfrenta varios obstáculos legales y que probablemente no avance en los tribunales.
Borgula explicó que los jueces federales revisan inicialmente las demandas presentadas por personas encarceladas antes de permitir que continúen.
También señaló que las protecciones legales relacionadas con la inmunidad presidencial podrían representar una dificultad adicional para Ortiz-Vite.
El abogado afirmó que las declaraciones realizadas por Trump durante una campaña política difícilmente podrían convertirse en la base de una indemnización millonaria y sostuvo que el caso presenta problemas legales más profundos.
Además, indicó que la condena por homicidio limita cualquier argumento de compensación basado en una supuesta injusticia del proceso penal.
Antecedentes migratorios de Ortiz-Vite
Antes del asesinato de Garcia, Ortiz-Vite ya había tenido contacto con el sistema migratorio estadounidense.
Según reportes de medios de Michigan, permaneció bajo el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) hasta que su protección expiró en mayo de 2019.
Posteriormente fue deportado tras un arresto en 2020 relacionado con conducir bajo los efectos del alcohol.
Las autoridades no han informado cuándo regresó nuevamente a Estados Unidos después de esa deportación.
Reacciones políticas tras la demanda
La demanda provocó críticas de sectores conservadores que cuestionaron que una persona condenada por asesinato solicite una compensación económica contra el presidente.
Tudor Dixon, excandidata republicana a gobernadora de Michigan, calificó la acción legal como una muestra de falta de responsabilidad y afirmó que el debate debería centrarse en las víctimas de delitos.
Mientras tanto, especialistas legales consideran que el caso podría ser rechazado antes de llegar a juicio debido a las dificultades jurídicas que enfrenta.