Las personas pueden enfrentar presiones o amenazas para que acepten regresar a sus países de origen pese a los riesgos que podrían afrontar allí
Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas denunciaron este lunes que Estados Unidos ha establecido un esquema de externalización migratoria con al menos 35 países, mediante el cual unas 23.000 personas han sido expulsadas a territorios distintos de sus países de origen.
Advirtieron que estas prácticas pueden exponer a migrantes y refugiados a tortura, persecución y otras violaciones de derechos humanos. La cifra de expulsiones no está acompañada de un periodo específico en el comunicado conjunto firmado por 23 relatores y otros especialistas de la ONU.
El grupo, encabezado por el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi, cuestionó los acuerdos mediante los cuales distintos gobiernos aceptan recibir vuelos con personas deportadas desde Estados Unidos.
Afirmó que estas medidas pueden vulnerar el principio de no devolución, que impide trasladar a una persona a un lugar donde pueda enfrentar persecución, tortura u otros daños graves.
Los expertos también señalaron que la falta de transparencia de estos convenios dificulta la supervisión pública y el monitoreo independiente de las condiciones en las que son trasladados y recibidos los migrantes.
Entre los países latinoamericanos mencionados figuran Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay.
La ONU pidió a los gobiernos involucrados suspender de inmediato estos acuerdos y garantizar nuevamente el acceso a procedimientos de asilo que sean justos y efectivos.
Los expertos alertaron además que algunos convenios contemplan la recepción temporal de migrantes antes de enviarlos nuevamente a un tercer país. En determinadas situaciones, indicaron, las personas pueden enfrentar presiones o amenazas para que acepten regresar a sus países de origen pese a los riesgos que podrían afrontar allí.
La política se desarrolla en el contexto de la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. La ampliación de las deportaciones fue una de las principales promesas de su campaña electoral.
La disputa también llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos, a la que la administración Trump le solicitó la semana pasada que le permita continuar con las deportaciones hacia terceros países.
Esa petición surgió después de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito dejara vigente una decisión de un juez federal de Boston que bloquea las expulsiones rápidas hacia naciones distintas a aquellas de las que proceden los migrantes.
