El activista, residente permanente en Estados Unidos y exestudiante en Columbia, fue detenido el año pasado por participar en las protestas propalestinas
l activista palestino Mahmoud Khalil pidió este lunes a la Corte Suprema de Estados Unidos que permita a los jueces federales determinar con rapidez la legalidad de las detenciones migratorias para impedir que las personas permanezcan bajo custodia durante meses o años sin supervisión judicial.
En documentos presentados ante el máximo tribunal, Khalil solicitó revocar una decisión emitida este año por el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, con sede en Filadelfia, que estableció que los tribunales federales no tienen jurisdicción para revisar la legalidad de una detención migratoria hasta que los tribunales de inmigración hayan examinado por completo cada caso, reseñó The Associated Press.
La petición representa un nuevo capítulo en la disputa judicial entre Khalil y el gobierno del presidente Donald Trump. El activista, residente permanente legal en Estados Unidos y antiguo estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia, fue detenido el año pasado por su participación en las protestas propalestinas realizadas en esa institución durante la primavera de 2024.
En ese momento, el gobierno estadounidense argumentó que la presencia de Khalil en el país perjudicaba los intereses de la política exterior de Estados Unidos. El activista permaneció más de tres meses detenido hasta que un juez federal de Nueva Jersey ordenó su liberación tras determinar que el gobierno había actuado de manera inconstitucional.
La agencia Associated Press informó sobre la nueva solicitud presentada ante la Corte Suprema y las posiciones enfrentadas en torno al caso.
Durante una rueda de prensa virtual este lunes, Khalil sostuvo que su recurso no busca únicamente resolver su situación personal, sino establecer un mecanismo que permita a otros inmigrantes cuestionar judicialmente sus detenciones.
Esto es más grande que mi capacidad de quedarme aquí”, afirmó.
El activista señaló que su objetivo es garantizar que miles de inmigrantes, tanto documentados como indocumentados, puedan impugnar lo que considera intentos “ilegales” de la administración Trump para impedir expresiones protegidas por la Constitución.
Khalil también acusó al gobierno de intentar trasladar estos conflictos al sistema de tribunales de inmigración porque allí tendría mayores posibilidades de controlar el resultado. Aseguró que las acusaciones formuladas en su contra no superarían un examen riguroso en los tribunales federales.
El Departamento de Seguridad Nacional rechazó esas afirmaciones y defendió la actuación de la administración Trump. En un comunicado, sostuvo que el gobierno actuó dentro de sus facultades legales y constitucionales en el caso de Khalil, como lo hace con cualquier extranjero que promueva la violencia, glorifique o apoye a terroristas, acose a judíos o dañe propiedades.
El Tercer Circuito suspendió temporalmente la aplicación de su decisión para permitir que Khalil pudiera recurrir ante la Corte Suprema. Mientras continúa el proceso, el activista permanece en libertad.
Aunque el máximo tribunal acepta solo una pequeña parte de las solicitudes que recibe, otro caso relacionado con las detenciones migratorias podría aumentar las posibilidades de que intervenga.
El gobierno estadounidense ya pidió a la Corte Suprema que revoque una decisión del Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito, con sede en Richmond, Virginia, que confirmó la liberación de Badar Khan Suri, investigador de la Universidad de Georgetown detenido por las autoridades migratorias.
Las decisiones contradictorias entre tribunales federales de apelaciones pueden aumentar las posibilidades de que la Corte Suprema acepte revisar un caso, especialmente cuando existe una disputa sobre una cuestión jurídica de alcance nacional. Si los magistrados deciden escuchar el recurso de Khalil, los argumentos orales podrían celebrarse el próximo año.
