Arrecia llamado a Albany para que aprueben reformas de libertad condicional para presos mayores y más reclusos elegibles

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La Legislatura estatal de Nueva York lleva apenas unos días sesionando, y en medio de los clamores para que avance en normativas progresistas que ayuden a que comunidades vulnerables puedan tener mejores condiciones, decenas de antiguos reclusos, familiares y líderes políticos fueron este miércoles hasta el Capitolio, en Albany, a exigir que el Senado y la Asamblea aprueben dos proyectos de ley que beneficiarían a miles de presos neoyorquinos.

Asegurando que los internos que regresan a la sociedad pueden ser útiles para ayudar a solucionar asuntos de seguridad comunitaria y que las medidas punitivas no son efectivas, más de 200 manifestantes hicieron un llamado a la Legislatura para que saque del tintero la llamada ley de libertad condicional para ancianos y la ley de libertad condicional justa y oportuna, y las eche a andar.

Los manifestantes insistieron en que hay una crisis de envejecimiento y muerte para los neoyorquinos en prisión y sus familias, debido a décadas de sentencias extremas y denegaciones generales de libertad condicional por parte de una Junta de Libertad Condicional con prejuicios raciales.

Durante la manifestación, también varios legisladores reconocieron la labor que un centenar de exprisioneros realizan actualmente en seguridad comunitaria, entre ellos la hispana Vanessa Santiago, quien estuvo 17 años y medio encarcelada y ahora dirige GIA: Gift it Away, Inc., una organización de ayuda, y es líder comunitaria en Queens de la campaña Release Aging People in Prison.

José Saldana, director de la campaña Release Aging People in Prison, aseguró que los internos encarcelados actualmente y en el pasado han creado programas contra la violencia y programas de concientización sobre víctimas efectivos, pero todavía mueren tras las rejas con poca o ninguna esperanza de siquiera ser considerado para su liberación debido a las obsoletas leyes de Nueva York.

“Mientras los legisladores consideran intervenciones críticas para mejorar la seguridad de la comunidad, nos estamos reuniendo en gran número en el Capitolio para recordarles que somos parte de la solución y que expandir las vías para la liberación condicional desbloqueará el potencial de nuestro estado”, dijo el activista. “Con el enorme apoyo de los líderes de los derechos civiles, los defensores de los sobrevivientes del crimen y más de 350 grupos en todo el estado, junto con el amplio apoyo de los legisladores de Long Island a Buffalo, los proyectos de ley de Libertad Condicional para Ancianos y Libertad Condicional Justa y Oportuna merecen ser presentados de inmediato para su aprobación”.

La senadora latina Julia Salazar, presidenta del Comité de Correccionales del Senado estatal, quien ha venido promoviendo los proyectos de ley a favor de la libertad condicional, destacó que cientos de neoyorquinos anteriormente encarcelados, actualmente forman parte de labores útiles en sus comunidades, cuyas contribuciones fueron reconocidas, y los puso como ejemplo de lo que la libertad condicional pudiera hacer en otros tantos.

“Muchos de los que recibieron proclamaciones de sus representantes electos experimentaron de primera mano los fracasos de las políticas gubernamentales durante gran parte de sus vidas”, comentó la legisladora.

De acuerdo a datos del Departamento de Supervisión Comunitaria y Correccionales del estado de Nueva York, más de 4,700 internos en las prisiones tienen más de 55 años, por lo que aprobar la ley de libertad condicional para adultos mayores tendría un impacto enorme en la reducción de la población carcelaria.

De aprobarse dicha normativa, la Junta estatal de libertad condicional estaría en potestad de conducir una evaluación para potenciales liberaciones de reclusos mayores, con la condición de haber cumplido mínimo 15 años de sentencia.

El proyecto de libertad condicional justa, también permitiría que otros reclusos que ya califican para solicitar su libertad condicional puedan ser evaluados con mayor consideración, pues a pesar de que los defensores de los internos insisten en que la mayoría de presos que acuden ante la Junta de Libertad Condicional muestra procesos de rehabilitación, de los casi 10,000 presos que comparecen ante esa unidad cada año, a cerca del 60% se les niega ese beneficio.

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