ICE rastrea a miles de inmigrantes para posibles “redadas digitales”

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Varias agencias migratorias, incluidas las oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza y la de Inmigración y Control de Aduanas tienen acceso a millones de datos de celulares que permiten ubicar a las personas y rastrear su actividad, pero la Unión Estadounidense de Libertades Civiles advierte que eso es una violación a la Cuarta Enmienda

Las autoridades migratorias han rastreado miles de teléfonos celulares desde el Gobierno del presidente Donald Trump, pero la práctica ha continuado con la Administración del presidente Joe Biden, según revelaciones de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

La organización publicó este lunes miles de páginas de registros sobre cómo las oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como otras dependencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podrían estar violando la Cuarta Enmienda al realizar búsquedas sin un motivo.

En 2020, The Wall Street Journal reveló que el DHS estaba rastreando miles de teléfonos celulares, pero la nueva información indica que desde 2018 se pretendía utilizar dichos datos con fines de persecución de inmigrantes indocumentados, es decir, una especie de “redadas digitales”.

 

“Un documento interno del DHS de 2018 propuso usar los datos de ubicación para identificar patrones de inmigración ilegal, amenazando con buscar indiscriminadamente información sobre personas que llevan a cabo su vida diaria en las comunidades fronterizas“, indica el reporte de ACLU. “Existe la posibilidad de que las entidades locales encargadas de hacer cumplir la ley obtengan acceso a esta gran cantidad de datos de formas que normalmente no podrían”.

La organización que defiende los derechos civiles obtuvo los documentos tras una demanda de Ley de Información presentada en diciembre del 2020.

Los registros demuestran que el DHS y sus agencias han invertido millones de dólares para comprar acceso a la información de ubicación de teléfonos celulares a través de dos intermediarios de datos, Venntel y Babel Street.

 

“Los documentos exponen los intentos de esas empresas, y del gobierno, de racionalizar esta venta sin restricciones de cantidades masivas de datos”, se advierte en un documento escrito por Shreya Tewari y Fikayo Walter-Johnson, ambos parte del Proyecto de Tecnología, Privacidad y Discurso de la ACLU.

Esto a pesar de que la Corte Suprema de EE.UU. determinó que los datos de ubicación de teléfonos celulares deben estar protegidos del gobierno, a menos que los oficiales tengan una orden judicial, según el caso Carpenter v. United States.

“Estos documentos son una prueba más de que el Congreso necesita aprobar la ley contra la venta de información que viola la Cuarta Enmienda”, urgen los defensores.

ACLU agrega que los documentos que recibió durante el año pasado encontró materiales de marketing de Venntel enviados al DHS que explican cómo la empresa recopila más de 15,000 millones de puntos de ubicación de más de 250 millones de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles todos los días.

“Con estos datos, las fuerzas del orden pueden ‘identificar dispositivos observados en lugares de interés’ e ‘identificar visitantes habituales, lugares frecuentados, identificar asociados conocidos y descubrir patrones de vida’”, se cita sobre el detalle de información que se obtiene.

Esta información es distinta a la que ICE obtiene a través de celulares que otorga a inmigrantes que son puestos en programas alternativos a la detención.

ICE rastrea a miles de inmigrantes para posibles “redadas digitales”

Varias agencias migratorias, incluidas las oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza y la de Inmigración y Control de Aduanas tienen acceso a millones de datos de celulares que permiten ubicar a las personas y rastrear su actividad, pero la Unión Estadounidense de Libertades Civiles advierte que eso es una violación a la Cuarta Enmienda

ICE podría obtener ubicación de inmigrantes a través de celulares.
ICE podría obtener ubicación de inmigrantes a través de celulares.

Las autoridades migratorias han rastreado miles de teléfonos celulares desde el Gobierno del presidente Donald Trump, pero la práctica ha continuado con la Administración del presidente Joe Biden, según revelaciones de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU).

La organización publicó este lunes miles de páginas de registros sobre cómo las oficinas de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como otras dependencias del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podrían estar violando la Cuarta Enmienda al realizar búsquedas sin un motivo.

En 2020, The Wall Street Journal reveló que el DHS estaba rastreando miles de teléfonos celulares, pero la nueva información indica que desde 2018 se pretendía utilizar dichos datos con fines de persecución de inmigrantes indocumentados, es decir, una especie de “redadas digitales”.

 

“Un documento interno del DHS de 2018 propuso usar los datos de ubicación para identificar patrones de inmigración ilegal, amenazando con buscar indiscriminadamente información sobre personas que llevan a cabo su vida diaria en las comunidades fronterizas“, indica el reporte de ACLU. “Existe la posibilidad de que las entidades locales encargadas de hacer cumplir la ley obtengan acceso a esta gran cantidad de datos de formas que normalmente no podrían”.

La organización que defiende los derechos civiles obtuvo los documentos tras una demanda de Ley de Información presentada en diciembre del 2020.

Los registros demuestran que el DHS y sus agencias han invertido millones de dólares para comprar acceso a la información de ubicación de teléfonos celulares a través de dos intermediarios de datos, Venntel y Babel Street.

 

“Los documentos exponen los intentos de esas empresas, y del gobierno, de racionalizar esta venta sin restricciones de cantidades masivas de datos”, se advierte en un documento escrito por Shreya Tewari y Fikayo Walter-Johnson, ambos parte del Proyecto de Tecnología, Privacidad y Discurso de la ACLU.

Esto a pesar de que la Corte Suprema de EE.UU. determinó que los datos de ubicación de teléfonos celulares deben estar protegidos del gobierno, a menos que los oficiales tengan una orden judicial, según el caso Carpenter v. United States.

“Estos documentos son una prueba más de que el Congreso necesita aprobar la ley contra la venta de información que viola la Cuarta Enmienda”, urgen los defensores.

 

 

ACLU agrega que los documentos que recibió durante el año pasado encontró materiales de marketing de Venntel enviados al DHS que explican cómo la empresa recopila más de 15,000 millones de puntos de ubicación de más de 250 millones de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles todos los días.

“Con estos datos, las fuerzas del orden pueden ‘identificar dispositivos observados en lugares de interés’ e ‘identificar visitantes habituales, lugares frecuentados, identificar asociados conocidos y descubrir patrones de vida’”, se cita sobre el detalle de información que se obtiene.

Esta información es distinta a la que ICE obtiene a través de celulares que otorga a inmigrantes que son puestos en programas alternativos a la detención.

 

 

Una trampa

El grupo defensor de derechos civiles advierte que al buscar en este banco masivo de información de ubicación, los investigadores del gobierno pueden identificar y rastrear a individuos específicos o a todos en un área en particular, aprendiendo detalles de las actividades y asociaciones privadas.

“No se debe permitir que el gobierno compre su camino eludiendo las protecciones constitucionales fundamentales contra las búsquedas irrazonables de nuestra información privada”, consideró ACLU.

El reporte agrega que las empresas que venden los datos al DHS “se cuidan” de violar la ley, particularmente tras la orden de la Corte Suprema, al evitar ciertos términos, pero que en la práctica es un rastreo de información sin orden judicial.

A lo largo de los documentos, la información de ubicación del teléfono celular se caracteriza de diversas formas como un mero ‘escape digital’ y como que no contiene ‘PII’ (información de identificación personal) porque está asociada con el identificador numérico de un teléfono celular en lugar de un nombre, aunque el propósito completo de estos datos es poder identificar y rastrear personas“, alerta la organización.

Las empresas que rastrean los datos justifican su uso porque, afirman, se obtienen luego de que los usuarios compartieron “voluntariamente” en sus celulares.

“Ese consentimiento es una ficción: muchos usuarios de teléfonos celulares no se dan cuenta de cuántas aplicaciones en sus teléfonos recopilan información del GPS, y ciertamente no esperan que esa información se venda al gobierno en grandes cantidades”, indicó ACLU.

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