El Departamento de Justicia y Ministerio público quiere evitar acusaciones de interés político

Trump consigue dilatar la investigación sobre los documentos secretos que se llevó a casa.

El Departamento de Justicia y Fiscalía General de Estados Unidos estudia frenar sus actuaciones públicas en las investigaciones contra Donald Trump hasta después de las elecciones legislativas a medio mandato del 9 de noviembre. Existe aquí una tradición o norma no escrita “de los 60 días” que, si bien no está bien definida ni se ha respetado siempre, normalmente impone una pausa o un límite en los procedimientos de los fiscales contra candidatos y políticos involucrados en elecciones de próxima celebración.

El posible paréntesis afectaría aquí a dos casos esencialmente: el de los documentos secretos que el expresidente se llevó de la Casa Blanca a su mansión de Florida, papeles que trató de ocultar al FBI y al Departamento de Justicia, y el de su responsabilidad en el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021 y en los demás intentos de obstruir el proceso electoral de las presidenciales del 2020.

El senador Lindsay Graham amenazó con “disturbios en la calle” si el fiscal general imputa al expresidente

Por mucho que la norma de la pausa en cuestión no exista sobre el papel, el Departamento de Justicia a cargo de Merrick Garland, y en general el Gobierno de J o, quieren evitar que Trump y el sector ultra del Partido Republicano refuercen y eleven sus ya continuas acusaciones de partidismo en las indagaciones penales contra el expresidente. Unas acusaciones que, de armarse con nuevos argumentos o pretextos, no solo podrían ensuciar al máximo la campaña sino provocar una revuelta de los extremistas.

El exmandatario y los suyos ya han amenazado con una rebelión si el primero es acusado. “Si Donald Trump es procesado por mal manejo de información clasificada… habrá disturbios en las calles”, dijo el 28 de agosto el senador republicano Lindsay Graham. Y, aunque la advertencia sirva para cualquier momento, es obvio que la coincidencia de una imputación formal con una campaña electoral daría enseguida alas a este tipo de avisos .

Y no importa que Trump no se presente a las elecciones de noviembre: el exmandatario participa cada vez más activamente en la campaña, y gran parte de los aspirantes republicanos a los comicios basan buena parte de sus expectativas en el respaldo que él le ha prestado.

Un paréntesis en las actuaciones de la Fiscalía sobre los presuntos actos delictivos de Trump –obstrucción, fraude al Estado, vulneración de la ley de Espionaje…– no tendría que ser una paralización total. Más bien se trataría de suspender temporalmente las medidas de carácter público, en especial la de una presentación de cargos, sin perjuicio de que las indagaciones sigan en un plano reservado y sin que eso pueda evitar que los abogados de Trump o él mismo revelen eventuales pesquisas, como ocurrió con la entrada y registro del FBI en su casa de Mar-a-Lago que él comunicó antes que nadie.

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