¿Cómo usan la tarjeta de crédito las instituciones públicas?

Este instrumento financiero común, al alcance de cualquier ciudadano, es también utilizado a nivel estatal para ejecutar ciertos pagos

• Sin embargo, el uso que le dan, al menos de acuerdo con distintas legislaciones, debería estar regulado.

Las instituciones públicas que piden una tarjeta de crédito corporativa repiten siempre la misma promesa. La fórmula está calcada en las solicitudes que envían al Ministerio de Hacienda: la tarjeta se usará “únicamente en pagos en línea de las suscripciones y servicios tecnológicos de la institución que solo admiten pagos por esta vía”.

Este instrumento financiero común, al alcance de cualquier ciudadano, es también utilizado a nivel estatal para ejecutar ciertos pagos. Sin embargo, el uso que le dan, al menos de acuerdo con distintas legislaciones, debería estar regulado.

Enviamos más de 30 solicitudes de acceso a la información pública a instituciones estatales que manejan grandes presupuestos con tres preguntas simples: si tienen tarjetas de crédito corporativas, a nombre de quién están y qué gastos realizan.

A pesar de la similitud en el pedido, lo que volvió no fue exactamente una tabla de cifras, sino más bien una especie de examen de personalidad del Estado dominicano frente a la transparencia. Cada quien respondió a su manera.

Para las entidades que admitieron poseer el instrumento, la diferencia no está en el volumen de sus gastos, sino en la transparencia de sus informes. Con el fin de organizarlas, establecimos una clasificación basada en los colores de un semáforo, atendiendo a cómo respondió cada una.

Dentro de los que respondieron a las preguntas formuladas, el Consejo Nacional de Drogas fue la entidad que entregó la respuesta más completa: gastos justificados, cada uno con su informe, soportes y hasta fotografías de lo adquirido. También dejó constancia de haber comprado respetando la Ley 340-06.

En esa misma línea entran la Dirección General de Impuestos Internos y el Ministerio de Industria y Comercio, cuyas tarjetas, que estuvieron en manos de sus gerentes administrativos y financieros, se utilizaron solo en compras y suscripciones digitales sin irregularidades a la vista.

También el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) tiene la particularidad de disponer de dos tarjetas de crédito: una sola para consumos en estaciones de combustible y otra sí enfocada en pagos para suscripciones digitales y envío de valijas diplomáticas. Cada una tiene un encargado diferente.

Para concluir esta categoría, se puede mencionar el caso de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), que, aunque registra solo unos pocos consumos, se mantuvieron dentro del mandato original por el cual se solicitó el medio de pago.

Amarillo

En este apartado se destacan aquellas entidades que contestaron, pero dejaron la mitad en la sombra. La Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic) es un ejemplo de este enunciado. Reconoció tener una tarjeta, nombró a los directores administrativos que estuvieron a cargo de esta, pero mandó una tabla con el total gastado cada mes bajo un comentario repetido en todas sus filas: “Pago de tarjetas de licencias online al corte”, sin categorías, comercios, ni detalles.

ProDominicana entregó y fue más detallado con todas las transacciones efectuadas por su tarjeta y allí, entre ellas, aparecen consumos que no corresponden al objetivo del plástico: compras para participación en eventos internacionales, alimentos, bebidas y hasta flores y coronas fúnebres, categorías que no suelen incluirse para el uso de este instrumento financiero.

El Inaipi mandó un resumen corto y casi inocente de cualquier señalamiento: una suscripción y una compra tecnológica. Pero, después del último consumo, aparecen un financiamiento a tres meses y una comisión por mora.

La lista concluye con el Ministerio de Obras Públicas, que estrenó su tarjeta apenas en junio de 2025 con siete consumos, siendo el foco de atención un pago de visado para el Reino Unido por encima de los 700 dólares.

Rojo

Las que reconocieron la tarjeta y se guardaron lo que importa. La Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom) admitió tener una a nombre de su director, Félix Reyna, prometió que solo se usaría para pagos que no admiten otra vía y no acompañó un solo reporte de consumo.

El Parque Zoológico Nacional también entregó. Mostró los gastos de su anterior directora, Patricia Toribio, en bloque y por categorías, sin desglose, y dejó fuera por completo los del director que asumió en agosto, Nayid Emilio Aude Díaz. Es decir, no tan solo no entregó información sobre su actual director, sino que también no especificó sobre la anterior.

Y un caso que no entra en ningún color: el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (Inafocam) pidió su tarjeta, Hacienda se la concedió y la institución nunca la activó. En su respuesta especifican que tienen la tarjeta, pero que su estado actual es “desactivada”.

Los que dicen no tener

La otra mitad de las respuestas fue una negativa.

Los Ministerios de Defensa, Deportes, Juventud, la Mujer, Vivienda, Medio Ambiente, Salud Pública, Trabajo, la Presidencia y Turismo, así como la Dirección General de Aduanas y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), todos contestaron, con fórmulas casi intercambiables, que ningún funcionario posee ni ha poseído tarjetas de crédito corporativas.

Algunos fueron más allá del simple no. El Gabinete de Política Social aclaró que no asigna gastos de representación a nadie, “sin importar la jerarquía”, y que ni su máxima autoridad goza de ese beneficio. El Ministerio de Educación fue el único que se molestó en explicar por qué: citó el artículo 30 de la Ley 105-13 que prohíbe estas tarjetas “al alto nivel”.

Dentro de este grupo también aparecen los casos de los Ministerios de Agricultura, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, así como de Energía y Minas. Estas entidades aclararon que no poseen tarjetas de crédito, sino “tarjetas Visa Flotilla” que son utilizadas solo para combustible. Lo definen como un “beneficio mensual” asignado para un grupo selecto de funcionarios.

Pero entre todas las negativas hay una que choca por las respuestas recibidas.

La tarjeta de Faride

El Ministerio de Interior y Policía respondió, por intermedio de su director financiero, Milton Mena, que entre enero y el 24 de noviembre de 2025 ningún funcionario de esa cartera poseyó ni posee tarjeta de crédito corporativa o institucional.

El problema es que en los registros del Ministerio de Hacienda hay un documento que dice otra cosa. El 7 de febrero de 2025, el Ministerio de Interior y Policía solicitó la emisión de una tarjeta Visa corporativa a nombre de su titular, la ministra Faride Raful. Es decir, hubo una solicitud hecha por esa entidad.

Sin embargo, ante la falta de respuesta del Ministerio del Interior y de la Policía, se pueden considerar diferentes escenarios respecto a la aparente falta de transparencia de esa entidad.

Contradicciones con la ley

El artículo 30 de la Ley 105-13, de Regulación Salarial del Estado, prohíbe la asignación y el uso de tarjetas de crédito a los funcionarios de alto nivel. Las excepciones son contadas: el presidente y el vicepresidente de la República, los presidentes de las cámaras legislativas, el de la Suprema Corte de Justicia y los titulares de órganos y entes de origen constitucional. Un ministro no aparece en esa lista. Tampoco el presidente de un consejo o el director de una entidad descentralizada.

Es decir, varias de las tarjetas no deberían existir.

A esa prohibición de fondo se suma lo que Hacienda indica en sus cartas de autorización. Allí se recuerda que las compras hechas con estas tarjetas deben respetar la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones. Es decir, pasar por procedimientos formales y no por el deslizar de un plástico, y se fija una condición: la tarjeta debe quedar en saldo cero al día 30 de cada mes, sin cargar financiamiento.

Al menos tres candados legales regulan el uso de tarjetas de crédito a nivel estatal. Sin embargo, en algunas instituciones, por la forma en cómo se utilizan, queda en duda la aplicación de las reglas.