El Congreso y el Gobierno echaron al zafacón la nueva ley de libertad de expresión
Abinader se alejó de la propuesta de ley asegurando que no le puso “ni una coma”
Aunque una comisión consultiva tardó tres años elaborando una propuesta para una nueva ley de libertad de expresión, hoy el planteamiento luce prácticamente inexistente. El proyecto, que llegó al Senado en abril de 2025 tras un largo proceso de redacción, perimió sin ser aprobado dentro del plazo reglamentario y terminó archivado en una comisión legislativa, sin que el Congreso ni el Poder Ejecutivo impulsaran su rescate.
La iniciativa de ley orgánica sobre libertad de expresión y medios audiovisuales, concebida para derogar la Ley 6132, comenzó a gestarse en junio de 2022 por disposición del presidente Luis Abinader, en momentos en que su Gobierno enfrentaba fuertes cuestionamientos por proyectos considerados como una amenaza para la libertad de prensa y de expresión.
En ese período, distintas organizaciones, periodistas y sectores de la sociedad civil criticaban iniciativas como la reforma de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), propuestas vinculadas a la ciberseguridad y otros proyectos calificados como “leyes mordaza“, al entender que podían restringir derechos fundamentales.
Como respuesta a ese escenario, Abinader creó con carácter honorífico la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión (Cclex), integrada por juristas, comunicadores y especialistas, con la encomienda de elaborar un nuevo marco legal que sustituyera la legislación vigente desde hace décadas.
El proceso de redacción se extendió por cerca de tres años. Incluso, en abril de 2024, el propio mandatario presentó públicamente el borrador durante su encuentro semanal con la prensa, conocido como “La Semanal“, aunque el proyecto no fue remitido formalmente al Congreso sino hasta el 2 de mayo de 2025, cuando el Poder Ejecutivo lo depositó en el Senado.
Un estudio que nunca llegó a concluir
Tras su llegada a la Cámara Alta, el proyecto fue enviado a una comisión especial que dirigió la senadora Aracelis Villanueva y que inició un proceso de consultas con diversos sectores.
De acuerdo con un informe de gestión presentado por la propia comisión, durante el estudio se realizaron cinco reuniones. La primera sirvió para definir la metodología y el cronograma de trabajo.
Posteriormente fueron recibidos los integrantes de la comisión redactora de la iniciativa, encabezados por Namphi Rodríguez, junto a Persio Maldonado, Eric Raful, Jimena Conde, Hermógenes Acosta y Elvira Lora.
La comisión también sostuvo encuentros con representantes de Participación Ciudadana y dejó constancia de que continuaría escuchando a distintos sectores para enriquecer el contenido del proyecto.
Sin embargo, ese proceso nunca produjo un informe definitivo y la pieza permaneció estancada hasta agotar el tiempo constitucional de la legislatura, por lo que terminó perimiendo dentro de la propia comisión, sin llegar ni siquiera al debate del pleno senatorial.
Las críticas marcaron el futuro del proyecto
Aunque la iniciativa nació con el objetivo de fortalecer la libertad de expresión, varios de sus artículos provocaron cuestionamientos desde distintos sectores.
Uno de los aspectos que generó mayor controversia fue el tratamiento de las plataformas digitales y las redes sociales. El proyecto establecía reglas aplicables a las plataformas comerciales que moderaran contenidos de terceros y cuya comunidad de usuarios representara más del 10 % de las personas con acceso a internet en República Dominicana.
Aunque el artículo de la propuesta no imponía controles directos sobre los usuarios, diversos especialistas advirtieron que la regulación de las plataformas digitales podía abrir la puerta a interpretaciones que afectaran la libertad de expresión en internet.
Ante el volumen de las críticas, el propio coordinador de la Comisión Consultiva para la Libertad de Expresión, Namphi Rodríguez, propuso al Senado retirar el capítulo relativo a las redes sociales para discutirlo posteriormente mediante una ley especial
En medio de la controversia, el presidente Abinader también procuró tomar distancia del contenido del proyecto y aseguró, durante una edición de La Semanal, que la propuesta no tenía “ni una coma” redactada por él, atribuyendo el texto íntegramente a la comisión consultiva creada por su Gobierno.
Lo que proponía la iniciativa
Entre sus principales disposiciones, el proyecto reconocía el acceso a internet como un derecho para todas las personas, independientemente de su condición social, económica o geográfica, obligando al Estado a promover un acceso universal, equitativo y de calidad.
Asimismo, reafirmaba la prohibición de la censura previa, estableciendo que cualquier restricción al ejercicio de la libertad de expresión solo podría justificarse bajo los parámetros de una sociedad democrática.
La propuesta también fortalecía el derecho de los medios de comunicación a acceder a fuentes de información sin discriminación y planteaba la creación del Instituto Nacional de Comunicación (Inacom), una entidad estatal descentralizada con autonomía funcional, administrativa y financiera encargada de promover y proteger el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información.
Ninguna de esas disposiciones llegó a debatirse ni a votarse en el pleno del Senado.
Tras tres años de elaboración, múltiples consultas y un proceso legislativo que nunca concluyó, el proyecto terminó perimiendo en comisión, convirtiéndose en otra iniciativa que el Congreso dejó morir sin aprobar ni rechazar formalmente.