Departamento de Justicia demanda a Maryland por sus políticas de santuario para inmigrantes
El Departamento de Justicia demandó a Maryland al considerar que sus políticas de santuario para inmigrantes obstaculizan la aplicación de las leyes federales
Maryland se convirtió en el nuevo objetivo de una disputa legal del gobierno federal por sus políticas migratorias, ya que el Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra el estado al acusarlo de limitar la cooperación con las autoridades de inmigración y de interferir con la aplicación de las leyes federales.
La acción judicial es la número 21 que el DOJ presenta contra normas consideradas de “santuario”, debido a que, según el gobierno, estas medidas impiden el trabajo conjunto entre funcionarios estatales y agentes federales de inmigración.
La querella cita específicamente la recién aprobada Ley de Confianza Comunitaria (Community Trust Act), que restringe la cooperación de las fuerzas del orden estatales y locales con las autoridades de inmigración.
Frenan custodia federal
El DOJ explicó en un comunicado que algunos centros de detención se han negado a facilitar el traslado de extranjeros indocumentados a la custodia federal, incluso tras la presentación de una orden de retención rutinaria.
“Los esfuerzos deliberados del estado y de la ciudad por obstruir la aplicación de la ley federal ponen en riesgo a los ciudadanos y contravienen la Cláusula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos”, aseguró el DOJ.
El fiscal federal Stanley Woodward dijo en el comunicado que cuando las jurisdicciones santuario promulgan leyes para proteger a extranjeros indocumentados de las autoridades federales se silencian las voces de los votantes estadounidenses comunes.
La demanda hace parte de una orden dada por el presidente Donald Trump para que se identifiquen leyes, políticas y prácticas en estados demócratas que restringen la cooperación de las policías locales y estatales con el gobierno federal.
La demanda de hoy es la más reciente de una serie de otras 20 demandas presentadas por la División Civil del DOJ contra políticas santuario, incluyendo casos en Colorado, Connecticut, Illinois y Nueva York.
Los estados y localidades argumentan que la colaboración de la policía con las autoridades migratorias impacta sus presupuestos y la confianza del público en los agentes.