El alcalde Mamdani libera 170.000 registros del 9/11 que muestran que las autoridades sabían sobre el peligro al respirar aire alrededor de la Zona Cero.
Apocos días de cumplirse el 25 aniversario de los atentados terroristas del 11 de septiembre, el alcalde Zohran Mamdani se presentó el martes en el ayuntamiento — acompañado de oficiales, primeros socorristas, sobrevivientes y activistas comunitarios — para anunciar la liberación de más de 170.000 páginas de registros municipales que llevaban años suprimidos.
Los documentos confirman lo que sobrevivientes y socorristas han sostenido durante décadas: tanto las autoridades de la ciudad como las federales sabían que el aire alrededor de la Zona Cero estaba saturado de contaminantes tóxicos y aun así le aseguraron al público que era seguro.
Las primeras pruebas ambientales, dijo Mamdani en conferencia de prensa, detectaron partículas peligrosas “en casi todas partes” donde las autoridades inspeccionaron en la Zona Cero. A pesar de esos hallazgos, los mensajes públicos del ayuntamiento y de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) les dijeron a los residentes, trabajadores y estudiantes que todos podían regresar.
El costo humano de esas decisiones no ha dejado de crecer con el tiempo. Más de 9,000 personas han muerto por enfermedades relacionadas con el 9/11 — casi tres veces el número de vidas perdidas el mismo día del ataque — y la cifra sigue en aumento
“La gente se enfermó porque los líderes en quienes confiaban les mintieron y les dijeron que era seguro respirar aire tóxico”, dijo Mamdani en la conferencia de prensa.
Entre las revelaciones clave, que también se basan en 68 cajas de registros descubiertas apenas hace poco, está el documento de octubre de 2001 conocido como “memo Harding”. Enviado al entonces vicealcalde Robert Harding, durante la administración del alcalde Rudy Giuliani, el memo advierte que la ciudad podría enfrentar hasta 35,000 demandas legales por su gestión de la respuesta al ataque. El documento también señalaba explícitamente que la responsabilidad legal podría deberse a las alertas sanitarias que habían animado a la gente a regresar demasiado pronto a la zona, exponiéndola a las toxinas.
La liberación de los archivos se da después del acuerdo de dos demandas de varios años entre la ciudad de Nueva York y la organización 9/11 Health Watch, además de la asignación de 34.2 millones de dólares para construir una base de datos pública y gratuita. El portal albergará cientos de miles de registros de agencias municipales, incluyendo reportes ambientales del Departamento de Protección Ambiental (DEP) y documentación sobre el Edificio 7 del World Trade Center.
La expresidenta del Condado de Manhattan, Gale Brewer, subrayó que el encubrimiento no se limitó a una sola administración. “Durante esas dos décadas y media, tres administraciones municipales consecutivas mantuvieron enterradas piezas clave de los propios registros de la ciudad, retrasando y negando repetidas solicitudes de información pública”, dijo Brewer, “alegando que la ciudad no sabía nada sobre los efectos en la salud de simplemente respirar el aire, mientras los neoyorquinos trataban de seguir con sus vidas en las semanas, meses y años posteriores a los ataques”.
El conductor de podcast y defensor de los primeros socorristas del 9/11, John Stewart, lo dijo sin rodeos: las autoridades no reconocieron formalmente la toxicidad del aire sino hasta octubre de 2001. “Para ser justos”, agregó con sarcasmo, “nada más enterraron esa información por 25 años”.
Stewart añadió que, si bien la transferencia temprana quizás no habría curado todas las enfermedades, sí habría evitado que miles de personas sufrieran ese engaño institucional. “Lo que todos sabíamos quienes vivíamos en el Bajo Manhattan es que había veneno en el aire, en el suelo, en los marcos de las ventanas, en los aires acondicionados, cubriendo a nuestras mascotas y nuestra ropa, y que se quedó ahí durante meses”, dijo. “Todos lo sabíamos. Y ahora está muy claro que la ciudad también lo sabía”.
La traición, dijeron varios de los oradores, vino desde arriba. El representante federal, Jerrold Nadler, quien representó a la Zona Cero y luchó por la compensación federal para las víctimas, recordó lo alarmante que fue la situación en tiempo real. “Mis colegas y yo, que representábamos a la Zona Cero y a las comunidades circundantes, advertimos de inmediato a las autoridades locales y federales sobre los riesgos de salud que representaban las toxinas en el aire. Yo gritaba a todo pulmón para proteger a nuestras comunidades, a mis representados”, relató Nadler. “Pero funcionarios como la administradora de la EPA, Christine Todd Whitman, y el alcalde Giuliani, negaron denuncias como la mía, diciendo que el aire era perfectamente seguro. Una blasfemia”.
Nadler fue más allá y describió a un gobierno que primero sospechó y después confirmó el peligro, pero que guardó silencio. “Cuando nuestras comunidades estaban en su momento más vulnerable, la gente recurrió a fuentes de confianza, incluido su propio gobierno, para que los guiara en esta crisis. Las autoridades traicionaron esa confianza”, dijo Nadler. “Su decisión de negar la toxicidad del aire que la gente había respirado fue una bofetada para los héroes y los miembros de la comunidad que estuvieron expuestos en la Zona Cero, y en escuelas, oficinas y hogares de toda la zona circundante”.
Para quienes vivieron, trabajaron o estudiaron en el Bajo Manhattan, los documentos validan décadas de sufrimiento. Tom Hart, presidente del sindicato local 94 de ingenieros operativos, recordó cómo respondió a la catástrofe junto con policías y bomberos. “Hemos testificado por ellos. Los hemos abrazado. Y después los hemos enterrado”, dijo Hart, refiriéndose a todos los que murieron por causas relacionadas con el 11-S. “La semana pasada me llamó otra joven. Yo conocía a su papá. Tengo que relacionar el tiempo que pasó allá con su muerte. Sus cánceres cerebrales están vinculados con lo que ahora sabemos”.
El costo humano quedó resumido en la historia de Luis Álvarez, un detective retirado del escuadrón de bombas de la policía de Nueva York que testificó ante el Congreso en junio de 2019 mientras enfrentaba su 69.ª ronda de quimioterapia. Murió menos de tres semanas después de su testimonio, pero sus palabras siguen resonando. “Todos ustedes dijeron que nunca olvidarían. Bueno, aquí estoy para asegurarme de que no lo hagan. Estoy aquí porque otros no pueden estar aquí. Preferiría estar de vuelta en la Zona Cero. Trabajando juntos”. El hermano de Álvarez, Phil, estuvo presente en el anuncio del martes.
Ben Chevat, director ejecutivo de 11-S Health Watch, destacó que los documentos cumplirán una función vital: darles a trabajadores municipales actuales y anteriores, a exresidentes y a exestudiantes la documentación que necesitan para comprobar su exposición e inscribirse en el Programa de Salud del World Trade Center y en el Fondo de Comprensión para Víctimas del 11 de Septiembre.
El acercamiento a la comunidad es ahora una prioridad para las autoridades y los activistas. “Sabemos que hay más gente que califica que la que actualmente está inscrita”, dijo Mamdani, “especialmente quienes vivían en la zona, pero que todavía no han recibido ningún tipo de acercamiento sostenido”.
Al preguntársele si los registros recién desclasificados exigen una reevaluación formal del legado de los exalcaldes Rudy Giuliani y Michael Bloomberg, Mamdani evitó emitir un juicio directo: “Dejaré que los neoyorquinos emitan ese juicio”.
